En los últimos años el Ministerio Público ha pasado de ser un referente de lucha contra corrupción a ser la institución más cuestionada de Guatemala. Ha quedado lejos la idea de que el Ministerio Público sea un referente fundamental en la investigación y sanción de los funcionarios o empleados públicos y particulares que participan de actos corrupción.
En principio, el Ministerio Público es un órgano de control formal del Estado y su funcionamiento eficaz, oportuno y objetivo al ejercer la persecución penal de actos contra la administración pública disminuría la impunidad de los actos de corrupción. Por el contrario, en los últimos años ha aumentado la percepción que el Ministerio Público ha disminuido la eficiencia y la objetividad en la persecución de los delitos vinculados a la corrupción y la administración pública. Aunado a ello, el aumento de la criminalización en contra de operadores de justicia, periodistas y activistas que han luchado contra la corrupción aumenta las dudas sobre la objetividad del Ministerio Público.
